Originalmente redactado para apoyar las inversiones en el sector energético en los antiguos miembros de la Unión Soviética, el Tratado sobre la Carta de la Energía (ECT) permite a los inversores demandar a los países por políticas que dañan sus inversiones, y los activistas lo han calificado como un obstáculo para la acción climática.
Los demandantes representan a países afectados por recientes desastres relacionados con el cambio climático, incluidos Alemania y Bélgica, que el año pasado sufrieron inundaciones devastadoras después de fuertes lluvias que, según los científicos, probablemente se debieron al cambio climático.
Su demanda le pedirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que proteja sus derechos al ordenar a los gobiernos que eliminen los impedimentos para combatir el cambio climático creados por el TCE.
El caso se dirige a Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Suiza y Gran Bretaña, todos los cuales son signatarios del TCE.
"Los gobiernos siguen poniendo las ganancias de la industria de los combustibles fósiles por encima de los derechos humanos. Pero el cambio climático está escalando y exigiendo más y más vidas todos los días", dijo en un comunicado la estudiante de 17 años Julia, una de las demandantes.
Los más de 50 signatarios del TCE están negociando reformas al mismo, pero países como España y Francia han planteado la posibilidad de que los países de la UE abandonen el acuerdo en medio de la falta de progreso en las conversaciones.
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Las críticas al tratado se han intensificado en medio de demandas de empresas que buscan compensación por activos de combustibles fósiles. RWE (RWEG.DE) el año pasado lo usó para buscar una compensación del gobierno holandés por su plan para eliminar gradualmente la energía alimentada con carbón para 2030, lo que afectaría la planta de energía Eemshaven de la empresa de servicios públicos alemana.