Describir los pasos clave que el gobierno, las instituciones internacionales y las ONG pueden tomar para poner fin al sufrimiento del pueblo de Bielorrusia.
Robert Bosch Stiftung Academy Fellow, Programa de Rusia y Eurasia
1. Reconocer la nueva realidad

Una gran cantidad de bielorrusos en todos los niveles de la sociedad simplemente ya no reconocen a Lukashenka como su presidente legítimo. El tamaño y la persistencia sin precedentes de las protestas contra su régimen y la magnitud de informes de acciones represivas, torturas e incluso asesinatos, significa que Bielorrusia nunca volverá a ser la misma.

Sin embargo, la parálisis actual de la política de la UE y la ausencia de una política estadounidense integral están sirviendo como una licencia de facto para que Lukashenka profundice la crisis política. Cuanto antes los responsables políticos se den cuenta de esto y actúen con mayor responsabilidad y confianza, más rápido se podrá revertir la creciente represión.

2. No reconozca a Lukashenka como presidente

Si la comunidad internacional deja de reconocer a Lukashenka como presidente, lo vuelve más tóxico para otros, incluidos Rusia y China, los cuales serán reacios a desperdiciar recursos en alguien que es visto como la principal causa de la inestabilidad bielorrusa. Incluso si Rusia todavía decide salvar a Lukashenka y apoyarlo financieramente, ignorar a Lukashenka disminuye la legitimidad de cualquier acuerdo que firme con el Kremlin sobre colaboración o integración.

Exigir una nueva ejecución de las elecciones presidenciales también debe permanecer firmemente en la agenda, ya que los funcionarios dentro del sistema de Lukashenka deben saber que esta presión internacional no desaparecerá hasta que se lleve a cabo una votación verdaderamente transparente.

3. Esté presente en el suelo

Para frenar la represión y establecer vínculos con actores dentro de Bielorrusia, se debe organizar un grupo de monitoreo bajo los auspicios de la ONU, la OSCE u otras organizaciones internacionales para establecer una presencia sobre el terreno y permanecer en el país mientras sea necesario. es necesario y es posible. Los gobiernos y los parlamentos pueden enviar sus propias misiones, mientras que se debe alentar al personal de los medios de comunicación internacionales y las ONG a informar sobre lo que realmente está sucediendo dentro del país.

Cuanto mayor sea la presencia visible de la comunidad internacional en Bielorrusia, menos brutales pueden ser las agencias de Lukashenka al perseguir a los manifestantes, lo que a su vez permitiría que se llevaran a cabo negociaciones más sustanciales entre el movimiento democrático y Lukashenka.

4. Anunciar un paquete de apoyo económico para una Belarús democrática.

La economía bielorrusa ya estaba en mal estado antes de las elecciones, pero la situación va a empeorar mucho. La única salida es el apoyo de la comunidad internacional con un "Plan Marshall para una Bielorrusia democrática". Los estados y las instituciones financieras internacionales deben declarar que proporcionarán una ayuda financiera significativa a través de subvenciones o préstamos a bajo interés, pero solo si primero hay un cambio democrático.

Es fundamental condicionar este paquete económico a la reforma democrática, pero también que no tenga ataduras geopolíticas. Si un gobierno elegido democráticamente decide que quiere mejorar las relaciones con Rusia, aún debería poder contar con un paquete de asistencia.

Esto enviaría una fuerte señal a los reformadores económicos que permanecen dentro del sistema de Lukashenka, dándoles una opción genuina entre una economía bielorrusa que funcione o quedarse con Lukashenka, cuyo liderazgo es visto por muchos como responsable de arruinar la economía del país.

5. Introducir sanciones políticas y económicas específicas

El régimen de Lukashenka merece duras sanciones a nivel internacionaly, pero hasta ahora solo se han impuesto restricciones selectivas de visas o congelaciones de cuentas, que tienen poco o ningún efecto sobre lo que realmente está sucediendo en el terreno. Las listas de sanciones de visas deben ampliarse pero, lo que es más importante, debería haber una mayor presión económica sobre el régimen. Las empresas que son las más importantes para los intereses comerciales de Lukashenka deben ser identificadas y objeto de sanciones, toda su actividad comercial debe detenerse y todas sus cuentas en el extranjero deben congelarse.

Los gobiernos también deberían persuadir a las grandes empresas de su propio país para que reconsideren trabajar con productores bielorrusos. Es vergonzoso que las corporaciones internacionales continúan publicitando en los medios controlados por Lukashenka y parecen estar ignorando los informes de violaciones de derechos humanos en las empresas bielorrusas con las que hacen negocios.

Además, debería establecerse un plazo para detener toda represión, o se impondrán sanciones económicas más amplias. Esto enviaría un fuerte mensaje a Lukashenka y también a su séquito, muchos de los cuales se convencerían más de que tiene que irse.

6. Apoyar a las ONG para investigar las denuncias de tortura.

Existen pocos mecanismos legales para enjuiciar a quienes se cree que están involucrados en fraudes electorales y actos de brutalidad. No obstante, todos los informes de tortura y falsificaciones deben estar debidamente documentados por los defensores de los derechos humanos, incluida la identificación de los que presuntamente han participado. La recopilación de pruebas ahora prepara el terreno para las investigaciones, las sanciones selectivas y la influencia sobre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el futuro.

Pero, dado que esta investigación no es posible en Bielorrusia en este momento, los activistas internacionales de derechos humanos deberían poder iniciar el proceso fuera del país con el apoyo de las ONG bielorrusas.

7. Apoyar a víctimas conocidas del régimen.

Incluso con una campaña de solidaridad sin precedentes entre los bielorrusos, muchas personas necesitan apoyo, especialmente las que presuntamente han sufrido tortura. Algunos medios de comunicación afirman haber perdido una cantidad significativa de ingresos porque los anunciantes se vieron obligados a retirarse y los periodistas fueron arrestados. Los defensores de los derechos humanos necesitan fondos para mantener a las organizaciones funcionando en el fragor de esta represión.

Apoyar a todas estas personas y organizaciones costará decenas de millones de euros, pero aliviaría significativamente la enorme carga financiera que enfrentan quienes se han opuesto al régimen.